Sus seres queridos fueron detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, deportados a El Salvador y luego encarcelados en una conocida cárcel de máxima seguridad. Ahora, más de una decena de familias presentaron una demanda al gobierno salvadoreño, al que acusan de mantener a sus hijos, hermanos, sobrinos y parejas tras las rejas durante casi dos meses de manera ilegal.
La demanda, presentada el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una coalición de abogados defensores de los derechos de los migrantes que representan a las familias, nombra a 18 ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una megacárcel estricta y austera que es parte importante de un acuerdo de deportación entre El Salvador y el gobierno de Donald Trump.
Desde marzo, ninguna de las familias ha tenido noticias de sus familiares encarcelados, la mayoría de los cuales tenían solicitudes pendientes o aprobadas de asilo u otro tipo de protección humanitaria en Estados Unidos, según una copia de la demanda a la que ha tenido acceso The New York Times.
“A todos se les ha deportado sin un debido proceso, se les ha excluido de cualquier protección de la ley y están en una situación de desaparición forzada”, dijo Isabel C. Roby, abogada principal de Robert F. Kennedy Human Rights, uno de los grupos que presentó la demanda.
Los portavoces del gobierno de El Salvador no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La Casa Blanca ha encontrado en el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un importante aliado para llevar a cabo su política de deportación. Al menos 288 deportados de EE. UU., en su mayoría venezolanos y varias decenas de salvadoreños, entre ellos un hombre deportado por error desde Maryland, se encuentran bajo la custodia del CECOT, según calcula la reciente demanda, pero se desconoce el número exacto porque ninguno de los dos gobiernos ha revelado sus identidades.
La demanda solicita que la comisión ordene al gobierno de Bukele liberar de manera inmediata a los 18 migrantes recluidos en régimen de incomunicación en la prisión y facilite su regreso a Estados Unidos o a otro país donde estén seguros.
En febrero, Bukele se ofreció a recibir a delincuentes convictos deportados de Estados Unidos a cambio de una cuota. Según ha sabido The New York Times, en sus conversaciones con funcionarios estadounidenses, Bukele les dijo que quería pruebas de que todos los migrantes venezolanos eran realmente miembros de la pandilla Tren de Aragua, una afirmación que el gobierno de Trump ha utilizado para justificar las deportaciones. Pero una investigación del Times no encontró antecedentes penales, o solo encontró infracciones menores, para la mayoría de los hombres.
“Ni el gobierno de Trump ni el régimen de Bukele han demostrado ningún caso en el que un tribunal haya determinado que un individuo sea miembro de una pandilla”, dijo Isabella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigio Estratégico para los Derechos de las Personas Refugiadas, otra organización que presentó la demanda.
En cambio, la decisión de deportarlos se ha basado en “características superficiales”, dijo Mosselmans, y añadió que nueve de los hombres nombrados en la demanda fueron acusados por sus tatuajes.
Las recientes acciones legales emprendidas por el grupo de defensa que dirige Mosselman contra otros países centroamericanos que habían acordado recibir aviones con personas deportadas han tenido cierta repercusión. En marzo, Panamá liberó a casi todos los 112 migrantes que estaban detenidos en un campamento remoto, en la selva. Y el mes pasado, Costa Rica devolvió los pasaportes a las personas que había detenido en una antigua fábrica de lápices a pocas horas de la capital, permitiéndoles salir si así lo deseaban.
Sin embargo, El Salvador es diferente.
Para acabar con las pandillas de su país, Bukele impuso en 2022 el estado de emergencia, que le permitió suspender los derechos procesales usuales. Desde entonces, su gobierno ha detenido a miles de pandilleros y personas inocentes en redadas masivas. Los grupos de derechos humanos han intentado impugnar la legalidad de las detenciones, sin mucho éxito. De las miles de acciones legales presentadas en los últimos años, solo se han resuelto unas pocas.
Incluso si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de los demandantes, abogados en El Salvador advierten que podría ser difícil presionar al gobierno para que haga algo.
“Al régimen de Bukele le da absolutamente igual”, dijo Enrique Anaya, un abogado constitucionalista con sede cerca de San Salvador, la capital, quien ha cuestionado la base legal del acuerdo de deportación. “El Salvador va a soltar a esta gente única y exclusivamente, en mi opinión, si Estados Unidos se lo autoriza”.
Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times en Ciudad de México y cubre México, Centroamérica y el Caribe.
